Bielsa critica que Mompó ha convertido la Diputación en un aparato al servicio de unos pocos, eliminando ayudas sociales y castigando a municipios con distinto color político.

 

El presidente de la Diputación está más preocupado por preparar la guerra en el PP para cuando caiga Mazón y de su declaración judicial por la Dana que de la gestión diaria

 

(Valencia, de julio de 2025). El grupo socialista de la Diputación de Valencia ha considerado muy decepcionante y desalentador el balance de los dos años de gobierno liderado por la derecha en la institución provincial.

 

El principal grupo de la oposición asegura que Mompó lleva meses más pendiente de su declaración judicial por la Dana y de prepararse para la guerra que se abrirá en el PP valenciano cuando caiga Mazón que de la gestión diaria en la Diputación.

 

Los socialistas sostienen que la Diputación, que durante los dos últimos mandatos fue un instrumento útil al servicio de los municipios y de las comarcas, se ha transformado en un aparato al servicio de unos pocos, abandonando su papel vertebrador y de apoyo a los pueblos de la provincia.

 

Así, el gobierno provincial ha eliminado ayudas a colectivos sociales con un trabajo acreditado, como por ejemplo el Cermi, entidad con la que los socialistas se reunieron la semana pasada, y se ha castigado abiertamente a ayuntamientos que no comparten el color político del gobierno provincial o de sus socios.

 

“La Diputación tiene que estar al servicio de todos los municipios, sin distinciones ni prejuicios ideológicos”, ha denunciado el portavoz socialista, Carlos Fernández Bielsa. “Las consecuencias de una Diputación dependiente de la ultraderecha para sacar adelante cualquier iniciativa las acaban pagando los ciudadanos y ciudadanas de esta provincia”, ha añadido.

 

Frente a este panorama, el grupo socialista ha mantenido una actitud responsable y propositiva. Durante estos dos años, ha planteado iniciativas concretas para atender a los municipios afectados por la Dana, a los sectores económicos y a colectivos en riesgo de exclusión.  “Fuimos clave para sacar adelante el mayor presupuesto de la historia de la Diputación, con un aumento de 150 millones, siempre pensando en facilitar la reconstrucción”, recuerda Bielsa.

 

El portavoz socialista, que ha mantenido en estas últimas semanas encuentros con más de una quincena de entidades sociales para trabajar conjuntamente en un modelo de provincia más justo y equilibrado, señala que la Diputación está devaluando servicios públicos esenciales, como las emergencias, con el desprecio con el que trata las demandas del Consorcio Provincial de Bomberos.

 

Los socialistas lamentan que los recortes en el Consorcio ponen en riesgo la seguridad de nuestros pueblos y se muestran muy preocupados al escuchar de boca de los propios profesionales que la Diputación no ha aprendido nada de los errores de la Dana.

 

Además, los socialistas recuerdan que solicitaron la creación de un grupo de trabajo para garantizar la máxima ejecución presupuestaria y la transparencia del gasto y lamentan que Mompó no haya convocado ninguna sesión hasta la fecha.

 

Durante este periodo, el grupo socialista ha mantenido una posición crítica pero constructiva, presentando mociones y propuestas encaminadas a dotar a la provincia de una estrategia a largo plazo para afrontar desafíos como el cambio climático, la emergencia habitacional, la transformación económica e industrial, la movilidad sostenible, la despoblación rural, la Agenda 2030 o la mejora de los servicios públicos en clave metropolitana.

 

También han propuesto la celebración de un Debate sobre el Estado de la Provincia, con el objetivo de abrir un espacio de reflexión política sobre el modelo provincial y avanzar en la modernización institucional, que fue rechazado por el gobierno provincial.

 

Otra de las iniciativas impulsadas fue la convocatoria de un pleno extraordinario monográfico sobre salud mental, un problema creciente especialmente entre la población joven tras la Dana. La propuesta incluía la participación de la sociedad civil a través del denominado “escaño 32”, pero el equipo de gobierno la rechazó de plano.