El Grupo Socialista en la Diputación de Valencia ha criticado en el pleno de este martes que el gobierno provincial, liderado por el PP, no ha convocado la comisión de seguimiento del presupuesto de 2025, a pesar de que ha transcurrido medio año desde que se comprometió a hacerlo.

 

El portavoz socialista, Carlos Fernández Bielsa, ha exigido la convocatoria inmediata de esta comisión, subrayando que “han pasado seis meses y aún no se ha constituido ni reunido un órgano que es clave para garantizar la transparencia y la eficacia en la gestión del presupuesto de la Diputación”.

 

El PSPV votó a favor del presupuesto de la Diputación para 2025 tras alcanzar un acuerdo con el gobierno provincial que incluía un plan extraordinario de 150 millones de euros para atender las necesidades derivadas de la Dana. “Fue un gesto de responsabilidad política, pensando en los municipios afectados y en la urgencia de las inversiones. Pero también reclamábamos mecanismos de control y seguimiento que ahora el PP está incumpliendo”, asegura Bielsa.

 

Además, los socialistas alertan de que, según los datos conocidos recientemente, la ejecución presupuestaria en el primer trimestre del año en la provincia, el primero completo después de la Dana, apenas alcanza el 7%.

 

El Grupo Socialista reclama al PP que deje de bloquear la comisión, cumpla sus compromisos y trabaje con seriedad por el buen uso de los recursos públicos.

 

Además, el gobierno provincial y la ultraderecha han impedido la aprobación en el pleno de una propuesta socialista que reclamaba que la Diputación asuma los recortes ideológicos y de carácter social que ha impuesto el presupuesto de la Generalitat aprobado por PP y Vox el pasado mes de mayo.

 

Por último, los socialistas han presentado una propuesta para respaldar las medidas del Gobierno de España en materia de vivienda. La iniciativa destacaba que el Gobierno central ha propuesto un nuevo Acuerdo Estatal de Vivienda que contempla triplicar la inversión pública hasta los 7.000 millones en los próximos cinco años, crear un parque de vivienda social de protección permanente, garantizar la transparencia de precios y blindar el uso público del suelo destinado a vivienda asequible.

 

Desde el Grupo Socialista se ha criticado la actitud de algunas comunidades autónomas que han optado por no aplicar la Ley de Vivienda, renunciar a los fondos estatales o desproteger el parque público existente.